Asociación Centroamericana Centro Humboldt (ACCH)

Nombre del autor: Ferras

XIV Encuentro del Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida:  Organizaciones, redes y Pueblos Indígenas de la región demandamos acuerdos frente a la crisis climática

El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida es un espacio de articulación de cerca de 200 organizaciones centroamericanas, redes, plataformas, movimientos sociales, Pueblos Indígenas y personas defensoras de derechos humanos y de la madre tierra que busca propiciar diálogo en relación con la agenda ambiental y climática local /nacional e internacional, derivados de la crisis compleja y el cambio climático, a fin de establecer prioridades en función del contexto, los desafíos y oportunidades de la  sociedad civil. 

Buscamos posicionar alternativas para la justicia ambiental y climática en la región centroamericana con principal atención en las mujeres, juventudes y Pueblos Indígenas, considerando que Centroamérica es la segunda región del mundo más vulnerable a riesgos climatológicos. Cinco de los ocho países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) —Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala y El Salvador— se ubican dentro de los 15 primeros en el índice de riesgo climático mundial.    

América Latina y el Caribe es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático debido a su situación geográfica y climática, su condición socioeconómica, demográfica y la alta sensibilidad al clima de sus activos naturales, como los bosques y la biodiversidad. El último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) indica que uno de cada cuatro desastres en el mundo durante la última década ocurrió en América Latina y el Caribe, concentraron el 53% de las pérdidas económicas mundiales debido a “desastres climáticos” entre 1998 y 2017, promediando pérdidas anuales superiores del 1,5% del PIB. El 23% de las pérdidas por desastres en los 20 años corresponden a la agricultura, provocando inseguridad alimentaria, según el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC). 

Los efectos del cambio climático violentan los Derechos Humanos. Actualmente, unos 8 millones de personas en Centroamérica sufren de hambre, de moderada a severa, debido a la pèrdida del poder adquisitivo,  elevados precios de los alimentos y la dependencia de los mercados en detrimento de la agricultura de subsistencia. Además, se espera que aumente la proporción de hogares en situación de inseguridad alimentaria a nivel de Crisis o Emergencia, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

La migración es el reflejo de la crisis compleja que vive la región, originada entre otros aspectos el contexto político, económico y climático que genera hambre e inseguridad alimentaria en las comunidades más vulnerables de Centroamérica.

Ante estos escenarios, las organizaciones y movimientos sociales que formamos parte del Foro Centroamérica Vulnerable demandamos y proponemos:  

  1. Adaptación climática desde lo local: Construcción y cumplimiento de Planes de Adaptación nacionales desde los saberes, conocimientos y experiencias locales de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, con especial énfasis en la participación de mujeres y juventudes. 
  1. Mecanismos de Pérdidas y Daños: Exigimos que los responsables históricos del cambio climático se comprometan a la brevedad a la implementación del mecanismo financiero de Pérdidas y Daños, que asegure la participación de las comunidades más vulnerables.
  1. Fortalecer los Sistemas Nacionales de Gestión Integral del Riesgo, ante los niveles de vulnerabilidad y exposición de la región centroamericana exacerbados  por el calentamiento global. Además de mecanismos de protección para las personas que se movilizan por el cambio climático.
  1. Compromisos climáticos, de acuerdo con la ciencia: Los principales países emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI) deben asumir compromisos climáticos reales de reducción de sus emisiones, que se traduzcan en resultados que eviten alcanzar los puntos de no retorno del cambio climático y que ponen en riesgo la vida, de lo contrario un aumento global de la temperatura de 1,5º compromete al mundo a cambios irreversibles y a la vida misma como la conocemos. 
  1. Políticas públicas de seguridad y soberanía alimentaria que consideren la creciente crisis climática e incluya reservas nacionales de alimentos y santuarios de semillas nativas. Este proceso debe garantizar la participación plena y efectiva de las plataformas y expresiones de mujeres, Pueblos Indígenas, de gestión de riesgos y ambientales de la región. 
  1. Establecimiento de mecanismos nacionales y regionales que permitan la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas, respetando el Derecho a la Consulta Previa, el Consentimiento Previo, Libre e Informado, y tomando en cuenta que los conocimientos y saberes Indígenas propios pueden contribuir a minimizar los efectos adversos del Cambio Climático. 
  1. Eliminar toda forma de opresión de género, racial y social, que está en la base de la explotación de la naturaleza y la exclusión de las mujeres. Es urgente la transformación estructural de nuestras sociedades, para superar el patriarcado que provoca que las mujeres sean las más afectadas por la degradación ambiental y la pobreza.
  1. La urgente adhesión y ratificación al Acuerdo de Escazú y otros mecanismos para el reconocimiento y la protección de defensoras/es de derechos humanos y ambientales por parto de los Estados de la región. Desde este espacio demandamos libertad para las y los defensores ambientales criminalizados por su resistencia y defensa de los territorios. 

Para elevar nuestras voces por la justicia climática, este año nos reunimos en la ciudad de Copán Ruinas, Honduras, para desarrollar del 28 al 30 de agosto de 2023 el décimo cuarto Encuentro Regional bajo el lema: “Centroamérica Unida por la Sostenibilidad Ambiental, la Defensa del Territorio y la Resiliencia”. 

Reflexionaremos sobre diversos temas, a través de los siguientes segmentos:

  1. “Resistencias Ecofeministas: Las protestas y respuestas de las mujeres ante la Crisis Civilizatoria”. 
  2. Acuerdos climáticos COP 27 (pérdidas y daños).  
  3. Industrias extractivas, defensa del territorio y Defensores de Derechos Humanos. 
  4. Juventud, Cambio Climático y Movilidad Humana.  
  5. Pueblos Indígenas y Cambio Climàtico 
  6. Gestión social de riesgos y amenazas emergentes. 

¡Centroamérica resiliente, naturaleza viva!  

Copán Ruinas, Honduras, 28 de agosto de 2023. 

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Posicionamiento Regional XIV Encuentro, Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida

El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida es un espacio de articulación de cerca de 200 organizaciones centroamericanas y del Caribe, redes, plataformas, movimientos sociales, Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y personas defensoras de derechos humanos y de la madre tierra que buscan propiciar el diálogo en relación con la agenda ambiental y climática local, nacional e internacional, derivados de la crisis compleja y el cambio climático, a fin de establecer prioridades en función del contexto, los desafíos y oportunidades de la sociedad civil.

Buscamos posicionar alternativas para la justicia ecológica y climática en la región centroamericana con principal atención hacia las mujeres, juventudes, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, considerando que Centroamérica y del Caribe, es la segunda región del mundo más vulnerable a riesgos climatológicos. Cinco de los ocho países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) —Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala y El Salvador— se ubican dentro de los 15 primeros en el índice de riesgo climático mundial.

El último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) indica que uno de cada cuatro desastres en el mundo durante la última década ocurrió en América Latina y el Caribe, concentraron el 53% de las pérdidas económicas mundiales debido a “desastres climáticos” entre 1998 y 2017, promediando pérdidas anuales superiores del 1,5% del PIB. El 23% de las pérdidas por desastres en los últimos 20 años, corresponden a la agricultura provocando inseguridad alimentaria, según el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC).

Actualmente se estima que 8 millones de personas en Centroamérica sufren de hambre, de moderada a severa, debido a la pérdida del poder adquisitivo, elevados precios de los alimentos y la dependencia de los mercados en detrimento de la agricultura de subsistencia.

Además, se espera que aumente la proporción de hogares en situación de inseguridad alimentaria a nivel de crisis o emergencia, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

La migración es el reflejo de la crisis compleja que vive la región, originada entre otros por las desigualdades de poder, el contexto político, económico y climático, que genera hambre e inseguridad alimentaria en las comunidades más vulneradas de Centroamérica y del Caribe.

Finalmente no podemos dejar de reconocer que nuestros países están pasando por retrocesos en la consolidación de la democracia, violentado y limitando derechos humanos, y captando a organizaciones de sociedad civil, espacios cívicos y de expresión popular.

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Una SB58 por finalizar y sin acuerdos de agenda

A menos de tres días del cierre de la 58ava reunión de los órganos subsidiarios de Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (SB 58), aun las partes no han acordado una agenda, demostrando así el nivel de complejidad y falta de voluntad de las mismas para lograr avances en el proceso de negociación. Desde el inicio de la conferencia, las partes han optado por avanzar en el desarrollo de las sesiones de trabajo sin lograr la aprobación de la agenda y cada día que pasa se eleva el riesgo que todos los esfuerzos realizados lleguen a ser en vano. Asimismo, en tanto el tiempo transcurre, las discusiones se hacen más técnicas y desde la sociedad civil se entiende la necesidad de negociar.  Llamamos a que se encuentre pronto una salida.

Al día 8 de negociaciones se han discutido varios temas, entre ellos el Diálogo de Glasgow que buscaba adelantar discusiones sobre el Fondo de Pérdidas y Daños. Durante tres días se discutió la operacionalización de este fondo, enfatizando ventanas de financiamiento y triggers que puede asegurar un apoyo puntual y efectivo en todas las fases de pérdidas y daños (desde preparación y respuesta inmediata a eventos hasta la recuperación y rehabilitación). También se discutieron temas sobre los retos financieros presentados por las pérdidas no-económicas.  Siendo un fondo que debe asegurar los principios de justicia climática, el mismo tendría que priorizar los temas de escala, rapidez, y acceso, incluyendo una gobernanza participativa tomando en consideración las comunidades. Se espera de la SB avances al respecto para lograr una decisión en Dubai en la COP28.

En cuanto al Balance Global de Emisiones (GST), en esta sesión concluye el diálogo técnico del mismo. La segunda instancia de este proceso de balance de la acción climática ha sido sumamente inclusiva en comparación con las prácticas que se ven en las negociaciones. Esta sesión también da la entrada a la fase política del Balance global, es decir, lo que decidirán los países como conclusiones de este proceso. Para el cual la primera propuesta de estructura de decisión fue considerada como un buen comienzo. Pero, las complicaciones vendrán cuando haya que consensuar el contenido donde algunas partes quieren pocos detalles y otras mucho más. 

Mientras tanto, sobre los avances de las discusiones sobre el Plan de trabajo sobre Transición Justa (JTWP), desde Climate Acction Network Latinoamérica (CANLA), nos mostramos satisfechos que los co-chair encargados de este ítem de agenda hayan propuesto un texto borrador bastante amplio, pero señalamos que la reducción de su contenido es inevitable. En este sentido, recalcamos la importancia de que el plan de trabajo permite abordar el tema de las áreas de convergencia, la necesidad de incluir mecanismos de participación y la obligación de construir un proyecto cuyo alcance corresponde a la realidad del tema. El programa no se debe limitar a talleres y compartir experiencia, sino permitir articular y sintetizar las acciones en el tema porque más que transición lo que se busca es Justicia. Justicia para lxs trabajadorxs, para las poblaciones vulnerables y para la región.

Anabella Rosemberg – CAN International

“Desde el Acuerdo de París, la movilización en pos de una transición justa, tanto desde el movimiento sindical como en el movimiento ecologista no ha parado de crecer. Solo con apoyo social, con alternativas de empleo para aquellos afectados por los cierres de los sectores contaminantes, con políticas de consulta genuinas con las comunidades se logrará la ambición que necesitamos para quedarnos debajo de los 1.5 grados.Lamentablemente, hemos visto ayer gobiernos cuestionar el mandato del programa de transición justa acordado el año pasado y rechazar una conversación sobre la dimensión internacional de cooperación sobre este tema. No podemos dejar que la transición se haga sin justicia, ni aceptar que las Naciones Unidas se limiten a un intercambio de experiencias”.

En cuanto a perspectiva, América Latina tiene de frente la COP en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y en dos años estaríamos en Belem Brasil para una COP en nuestra región. Si bien, el viaje es largo, tenemos el desafío de alcanzar posturas cohesionadas y mejor articuladas. CANLA observa un nivel importante de dispersión entre las delegaciones oficiales. CANLA invita a ALC a conversar para generar posiciones comunes, particularmente en temas claves como la salida de combustibles fósiles, la promoción de las energías renovables seguras y equitativas, el acceso a financiamiento nuevo, pero principalmente, entorno a la promoción de soluciones alternativas a los mercados de carbono, entre otros. 

Claudio Angelo – Observatorio del Clima – Brasil:

“A briga de agenda vista em Bonn, quando os negociadores passaram oito dias sem poder nem sequer oficializar as discussões feitas, traz péssimo presságio para a COP28. Os países em desenvolvimento, LMDCs à frente, decidiram bater o pé com a questão de financiamento e isso impediu que a plenária chegasse a bom termo na segunda-feira. A discussão é tão antiga quanto a UNFCCC, mas estamos a três anos do início da promessa de US$ 100 bilhões por ano, a dívida dos ricos já chegou a US$ 300 bilhões, e ainda não conseguiram explicar como vão colocar na mesa os primeiros 100, algo que dificilmente acontecerá em Dubai. Se os países desenvolvidos não destravarem os meios de implementação, pode haver um racha na COP28. Ao Brasil não interessa o fracasso da COP deste ano, já que o país espera em Belém, no primeiro ratchet do Acordo de Paris, um aumento efetivo da ambição, após o início da implementação das NDCs. A sessão de Bonn é em teoria técnica, mas transformou-se no sinal político fundamental para as próximas COPs”.

 

Acerca de CANLA

Climate Action Network (CANLA) es el brazo latinoamericano de CAN, la red más grande de defensores y activistas por la estabilidad climática a nivel mundial y un actor clave en los procesos de negociaciones multilaterales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Actualmente está integrada por más de 50 organizaciones de ALC.

Contacto de prensa: 
Karina Saravia Aguilera
Comunicadora Social-CANLA
comunicaciones@climatenetworklac.org
Teléfono: +50584331292

Panelistas:
Moderadora – Maria Jose Rodezno – Sustenta Honduras.
GST – Enrique Maurtua – Independent GST
P&D – Isatis Cintron – Citizens for Climate International
TJ – Anabella CAN Internacional
Agenda SB58 – Claudio Angelo – El Observatorio del Clima

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Recomendaciones para la implementación plena de Escazú post COP28

El acuerdo sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) es una herramienta de vital importancia para la región en tanto que aborda elementos centrales para reducir la conflictividad a nivel territorial y avanzar hacia modelos de gobernanza multi actor, tan necesarios y referidos a nivel multilateral. Una puesta en marcha visionaria y estratégica del Acuerdo permitiría el desarrollo de acciones sinérgicas con agendas climáticas (limitar el aumento de la temperatura media global a no más de 1,5ºC a fines de siglo respecto de la época preindustrial) y biodiversidad (detener la pérdida de naturaleza, incluyendo la protección del 30% del planeta y del 30% de los ecosistemas degradados para 2030) que son de vital relevancia para la región y el mundo y que permiten atender a las pérdidas y daños ya generadas por la humanidad.

En un contexto de policrisis y constante malestar social, nutrido por desinformación, noticias falsas y una justicia selectiva, en favor, generalmente, de aquellos más afortunados y con un mejor goce de sus derechos, la implementación del Acuerdo de Escazú es urgente y llama a la generación de mecanismos para viabilizar los derechos de acceso, fundamentales para la armonía social y legitimidad política en la región. Lo anterior cobra vital importancia en América Latina y el Caribe dada la criminalización de la defensa territorial dejando a la región como la más peligrosa para los defensores y defensoras de la naturaleza, con más del 60% de los asesinatos asociados a la defensa territorial.

En un contexto de policrisis y constante malestar social, nutrido por desinformación, noticias falsas y una justicia selectiva, en favor, generalmente, de aquellos más afortunados y con un mejor goce de sus derechos, la implementación del Acuerdo de Escazú es urgente y llama a la generación de mecanismos para viabilizar los derechos de acceso, fundamentales para la armonía social y legitimidad política en la región. Lo anterior cobra vital importancia en América Latina y el Caribe dada la criminalización de la defensa territorial dejando a la región como la más peligrosa para los defensores y defensoras de la naturaleza, con más del 60% de los asesinatos asociados a la defensa territorial.

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