17 febrero, 2026

Históricamente la región Centroamericana se ha caracterizado por haber heredado una economía extractiva y subordinada al mercado mundial, luego de dos siglos de economía colonial. Desde entonces, la región ha sido considerada por gobiernos de turnos y por los grandes capitales extractivistas como una fuente y reserva de materia prima, para satisfacerlas demandas y los intereses de las grandes economías del mundo (Galeano, 2004; Wallerstein, 2005). Este sistema de flujos de bienes naturales y capitales han impuesto una reorganización de las estructuras sociales, económicas y políticas a distintas escalas: es decir, a nivel global, regional, nacional y local, donde se incrustan los enclaves extractivos, con la complicidad de las élites nacionales.

A pesar que han transcurrido más de dos siglos de la construcción de los estado-nación, en el istmo centroamericano persiste la colonialidad de la naturaleza, materializada en la visión y la forma de interacción de las élites dominantes con la realidad biofísica y su configuración territorial, como un espacio subalterno que debe ser explotado y reconfigurado, según las necesidades de los regímenes de acumulación vigentes.

A partir de esto, el centro de poder de cada uno de los países ha impuesto históricamente zonas de sacrificio y ha tratado territorios de comunidades campesinas, indígenas y áreas protegidas como como un extenso botín de recursos, los cuales han sido y siguen siendo explotados de forma indiscriminada. Sobre “la base de esta concepción colonial de la naturaleza, incrustada y retroalimentada por la colonialidad del desarrollo, se han establecidos conexiones entre extractivismo, grupos de poder internos y regímenes globales de acumulación” (Sánchez, 2022, p. 44).

Para las comunidades afectadas, esta dinámica de acumulación capitalista por despojo ha representado una estructura de amenaza de sus bienes naturales, territorios y múltiples derechos humanos, tan fundamentales, como el derecho a la vida. La inacción, complicidad y la apuesta de los gobiernos de apoyar el extractivismo, bajo el discurso del crecimiento económico basado en la atracción de inversión extranjera, ha detonado conflictividades socioambientales. Incluso, lejos de garantizar la integridad y los derechos de las comunidades locales, los gobiernos han criminalizado las acciones colectivas de resistencia y defensa de las comunidades afectadas.