COP31 | La justicia climática no puede seguir esperando
Aunque todavía hay quienes niegan el cambio climático, en el Corredor Seco Centroamericano sus consecuencias se sienten todos los días. Se ven en las cosechas perdidas, en la escasez de agua y, sobre todo, en el plato de comida de las familias. No es un problema lejano ni un lujo del que preocuparse. Es una crisis que empobrece aún más a comunidades que ya enfrentaban profundas desigualdades.
La injusticia es evidente. Centroamérica aporta una fracción muy pequeña de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero enfrenta sequías, tormentas e inseguridad alimentaria cada vez más graves. Quienes menos han contribuido al problema están entre quienes más sufren sus consecuencias.
¿Qué se decide en una COP?
Desde 1995, los países se reúnen en las Conferencias de las Partes, conocidas como COP, para negociar respuestas a la crisis climática. De allí surgieron acuerdos como el de París, pero las promesas todavía avanzan más lentamente que los impactos. En la zona azul negocian los gobiernos y participan observadores acreditados; la zona verde reúne actividades abiertas y exposiciones. También acuden representantes de grandes industrias, incluidas las vinculadas a los combustibles fósiles, cuya influencia despierta cuestionamientos.
Este año, la COP31 se celebra en Antalya, Turquía. Para muchas organizaciones centroamericanas, viajar hasta allí supone costear vuelos, alojamiento y otros gastos elevados. La distancia económica termina convirtiéndose en una barrera para quienes viven la emergencia en sus territorios y deberían tener voz en las decisiones.
«Desde una de las regiones más vulnerables y desiguales del planeta, vemos que en 31 años los avances no son los que se esperaban», advierte el Ing. Víctor Campos, director ejecutivo de la ACCH, quien insiste en que la crisis exige actuar con verdadera urgencia.
Las comunidades no llegan sin propuestas
El posicionamiento del XVII Encuentro Regional del Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida! plantea financiamiento climático directo y accesible, reparación por pérdidas y daños, protección del agua y la agricultura campesina, sistemas comunitarios de alerta temprana y una transición energética sin nuevos despojos.
También exige participación efectiva de mujeres, juventudes, pueblos indígenas y comunidades rurales, junto con compromisos verificables.
La COP31 no debería medirse por discursos ni fotografías, sino por decisiones que lleguen a los territorios. Mientras los gobiernos negocian, una familia del Corredor Seco espera que llueva a tiempo para volver a sembrar. Para ella, la justicia climática no puede esperar otros 31 años.
