El acuerdo sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) es una herramienta de vital importancia para la región en tanto que aborda elementos centrales para reducir la conflictividad a nivel territorial y avanzar hacia modelos de gobernanza multi actor, tan necesarios y referidos a nivel multilateral. Una puesta en marcha visionaria y estratégica del Acuerdo permitiría el desarrollo de acciones sinérgicas con agendas climáticas (limitar el aumento de la temperatura media global a no más de 1,5ºC a fines de siglo respecto de la época preindustrial) y biodiversidad (detener la pérdida de naturaleza, incluyendo la protección del 30% del planeta y del 30% de los ecosistemas degradados para 2030) que son de vital relevancia para la región y el mundo y que permiten atender a las pérdidas y daños ya generadas por la humanidad.
En un contexto de policrisis y constante malestar social, nutrido por desinformación, noticias falsas y una justicia selectiva, en favor, generalmente, de aquellos más afortunados y con un mejor goce de sus derechos, la implementación del Acuerdo de Escazú es urgente y llama a la generación de mecanismos para viabilizar los derechos de acceso, fundamentales para la armonía social y legitimidad política en la región. Lo anterior cobra vital importancia en América Latina y el Caribe dada la criminalización de la defensa territorial dejando a la región como la más peligrosa para los defensores y defensoras de la naturaleza, con más del 60% de los asesinatos asociados a la defensa territorial.
En un contexto de policrisis y constante malestar social, nutrido por desinformación, noticias falsas y una justicia selectiva, en favor, generalmente, de aquellos más afortunados y con un mejor goce de sus derechos, la implementación del Acuerdo de Escazú es urgente y llama a la generación de mecanismos para viabilizar los derechos de acceso, fundamentales para la armonía social y legitimidad política en la región. Lo anterior cobra vital importancia en América Latina y el Caribe dada la criminalización de la defensa territorial dejando a la región como la más peligrosa para los defensores y defensoras de la naturaleza, con más del 60% de los asesinatos asociados a la defensa territorial.
