Los países de Centroamérica han manifestado reiteradamente su interés por trabajar en favor del desarrollo sostenible como un medio para mejorar sus condiciones económicas, con pleno respeto por el ambiente según algunos autores[1], asegurando también que no es fácil concienciar ambientalmente a quienes tienen sus necesidades básicas insatisfechas. En este ámbito, además de voluntad política que trascienda las declaraciones, la gestión sostenible en los países y en la región depende en buena parte de la implementación de marcos normativos adecuados a la realidad de cada país y que los mismos estén armonizados regionalmente.
Se ha señalado también que el mejoramiento en el cumplimiento de las normas ambientales, depende en buena medida del desarrollo y aplicación de reglamentos marco o prototipos basados en una perspectiva de manejo integrado que además puedan ser adaptados a las necesidades y características específicas de cada país, lo que en sí mismo representa un gran desafío para las partes y para el conjunto.
El Quinto Informe del Estado de la Región (2016) señalan la paradójica situación de Centroamérica dado que, si bien es poseedora de una gran riqueza natural, en términos generales está haciendo un uso totalmente insostenible de sus recursos naturales y de su territorio. Cinco años después el Programa Estado de la Nación (2021) y el Sexto Informe del mismo año, reiteran esa misma conclusión.
La atención a los desafíos ambientales de la región demanda un trabajo conjunto y comprometido por parte de diversos actores sociales, económicos y políticos con una visión de largo plazo, así como de una mayor conciencia pública y voluntad política para frenar el deterioro ambiental. Otro elemento importante es la necesidad de contar con información sectorial actualizada que fundamente la toma de decisiones, especialmente en materia de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas en cada país y en la región.
De aquí que el tutelaje jurídico efectivo del ambiente y los recursos naturales, tendría que estar sustentado en políticas públicas sectoriales y marcos regulatorios integrados que se deberían complementar con instrumentos y acciones que faciliten la operativización y la participación, principalmente: un andamiaje institucional y legal consistente y coherente; sistemas de monitoreo y evaluación ambiental; estrategias de fomento de la participación y la ciudadanía ambiental; y muy importante, instrumentos económicos y presupuestos institucionales sectoriales, que efectivicen la gestión ambiental.
Instituciones estatales encargadas de la gobernanza ambiental
De acuerdo al Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales y al Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (2004), no existen análisis recientes que presenten una evaluación de la institucionalidad ambiental de Centroamérica. Sin embargo, se han realizado evaluaciones puntuales para temas específicos como el sector forestal, el pago por servicios ambientales y la evaluación de impacto ambiental. En todos estos estudios se concluye que las recomendaciones de reforma o cambio institucional en la gestión ambiental de la región, deben ser específicas para cada país pues cada uno posee una realidad legal e institucional diferente que requiere de soluciones específicas.
Si bien es cierto que la regulación a nivel institucional es compleja, pues son varias las autoridades en los ámbitos nacionales que tienen competencia sobre los recursos naturales y el ambiente; se hace imprescindible destacar la particularidad de cada país y su forma de gobernanza, pues constituyen las bases para la adecuada gestión ambiental, destacando las instituciones rectoras de cada país. Como se aprecia en la tabla cada país cuenta con su respectivo ministerio encargado de la administración de los recursos naturales y de la gobernanza ambiental como medios fundamentales para lograr la gestión sostenible:
