Desde la Asociación Centroamericana Centro Humboldt (ACCH) hemos presentado una serie de cinco estudios nacionales sobre concesiones mineras y los riesgos climáticos asociados a esta actividad en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que revelan la expansión acelerada del modelo extractivo en territorios claves para el agua, los bosques y las comunidades rurales de la región.
Aunque el sector minero apenas aporta entre 1 % y 3 % al PIB centroamericano, los estudios muestran una realidad alarmante: más de 4.5 millones de hectáreas, una extensión equivalente a dos veces el territorio de El Salvador, están hoy bajo concesión minera en la región.
La minería avanza sobre áreas protegidas, territorios indígenas, zonas agrícolas y fuentes de agua, generando deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad. Bajo el discurso empresarial de responsabilidad social y diálogo con las comunidades, se esconde un modelo que debilita derechos y destruye territorios. En Centroamérica, hablar de minería y derechos humanos se ha vuelto una contradicción: una mentira a cielo abierto que intenta maquillar la vulneración sistemática de las poblaciones más vulnerables.
Las investigaciones advierten que la minería no puede coexistir con la protección de la vida. En contextos donde los derechos humanos se defienden desde el territorio, la extracción minera ha demostrado ser incompatible con estos. En otras palabras, minería y derechos humanos no caben en la misma veta.
Guatemala
En Guatemala, el estudio documenta más de 113 mil hectáreas concesionadas, de las cuales el 70 % se ubican en zonas de alto riesgo climático o deslizamientos. Muchas de estas áreas deberían destinarse a conservación, pero han sido entregadas a la industria extractiva.
Las comunidades denuncian pérdida de bosques, contaminación del agua y conflictos territoriales. Mientras las empresas hablan de desarrollo, la realidad muestra desplazamiento, pobreza y deterioro ambiental.
El Salvador
El caso salvadoreño refleja un retroceso histórico. Con la aprobación de la Ley General de Minería Metálica (2024), el país puso fin a la prohibición que lo había convertido en referente regional en materia ambiental.
El nuevo marco legal reabre la puerta a la explotación minera en un territorio donde más del 90 % de las aguas superficiales ya están contaminadas. El estudio advierte que el regreso de la minería representa una amenaza directa para el derecho al agua y a un ambiente sano, especialmente en comunidades rurales que ya enfrentan estrés hídrico y desigualdad.
Honduras
Honduras muestra una expansión constante de la minería en la última década, con más de 400 mil hectáreas concesionadas. El 60 % de estas zonas presenta déficit hídrico alto o severo, y los bosques de coníferas han perdido cerca del 10 % de su extensión desde 2015.
El estudio señala que gran parte de las concesiones se ubican sobre suelos con alto potencial agroforestal y de conservación, lo que evidencia la falta de planificación ambiental y la prioridad otorgada a los intereses privados sobre los derechos de las comunidades.
En un país donde el cambio climático agrava la vulnerabilidad, el extractivismo avanza mientras la protección ambiental retrocede.
Nicaragua
Nicaragua concentra la mayor superficie minera de la región, con un aumento sostenido de concesiones incluso dentro de áreas naturales protegidas. El informe revela la creciente participación de empresas extranjeras, especialmente chinas, y la falta de transparencia estatal sobre los impactos sociales y ambientales de la minería.
En un contexto de debilitamiento institucional y restricciones a la participación ciudadana, las comunidades afectadas tienen cada vez menos mecanismos para exigir justicia ambiental o defender su territorio. El avance minero ha significado también un retroceso en libertades y derechos.
Costa Rica
Costa Rica mantiene una moratoria indefinida a la minería metálica a cielo abierto desde 2010, consagrada en la Ley 8904. Sin embargo, el estudio advierte sobre la expansión de la minería ilegal en la zona de Crucitas, donde la deforestación ha alcanzado el 30 % del bosque primario en menos de una década.
El deterioro ambiental y social en esa frontera revela la fragilidad del control estatal y la necesidad de cooperación transfronteriza con Nicaragua. Mientras el país proyecta una imagen internacional de sostenibilidad, el abandono institucional permite que la minería ilegal avance, con consecuencias graves para los ecosistemas y las comunidades locales.
Voces desde los territorios
Para el coordinador de Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), los estudios aportan información estratégica para la acción comunitaria:
“Nos da otra perspectiva de cómo está la situación actual de la minería y eso nos permite desarrollar una estrategia territorial. El desafío ahora es cómo masificamos esta información para que sirva a la transformación que necesitamos en las comunidades.”
Aunque el contexto es difícil, afirma que el trabajo territorial continúa: “El sistema extractivista se está consolidando, pero seguimos luchando por recuperar la institucionalidad democrática y los derechos de las personas y de la naturaleza.”
Una advertencia regional
Los cinco estudios de ACCH coinciden en una conclusión contundente: la región necesita detener la expansión minera en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, y fortalecer alternativas económicas sostenibles como la agroforestería, el turismo comunitario y la gestión local del agua.
La evidencia es clara: donde la minería promete desarrollo, deja contaminación, conflictos y pobreza.
En el marco de estos hallazgos, la Asociación Centroamericana Centro Humboldt ha lanzado la campaña “Donde avanza la minería, retrocede la vida”, con el objetivo de sensibilizar sobre los impactos ambientales y sociales de la minería en Centroamérica y demandar la protección de las áreas naturales y de las comunidades que las habitan.
Se invita a la ciudadanía y a las organizaciones aliadas a estar pendientes de las próximas publicaciones de esta serie de estudios nacionales y materiales informativos que seguirán profundizando en los riesgos del extractivismo y en las alternativas sostenibles que defienden la vida en la región.
Porque en Centroamérica, donde avanza la minería, retrocede la vida.
Fotografías: Arpas
