La crisis climática plantea la urgencia de abandonar los combustibles fósiles y transformar los sectores que han permitido el establecimiento del modelo socioeconómico imperante, en especial el sistema alimentario y financiero, con el fin de reducir las emisiones globales de Gases de Efecto invernadero (GEI) y limitar las pérdidas y daños que ya sufren nuestras comunidades y pueblos. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), para lograr la meta de mitigación de largo plazo establecida en el Acuerdo de París, las emisiones globales deben ser un 45% menos de las existentes en 2010 al 2030 y cero al 2050. No obstante, las emisiones siguen aumentando debido a la falta de compromiso de los gobiernos y acción de actores económicos, poniendo en riesgo la existencia de todas las formas de vida en el planeta tal y como la conocemos, incluso nuestra existencia y la de las futuras generaciones.
Para resolver la crisis climática, es fundamental emprender transformaciones profundas al modelo de distribución, producción y consumo dominante. Para ello, es clave transformar el sistema económico y financiero y adecuar el flujo de financiamiento a sectores y actividades de baja intensidad carbónica y centradas en atender las necesidades básicas de las personas y la preservación de la base natural. En ese contexto, es necesario establecer nuevos indicadores de desarrollo, y cuestionar el Producto Interno Bruto (PIB) como indicador de bienestar, no solo por sus limitaciones para dar cuenta de las realidades, sino porque no incorpora la pérdida de la base natural e ignora elementos constitutivos del ser humano como es nuestra interconexión con la naturaleza.
De cara a la COP28, la credibilidad de los gobernantes y del propio régimen climático está en juego debido al vínculo directo de la Presidencia con la industria petrolera y la influencia que la industria de los combustibles fósiles ha sostenido por décadas para obstaculizar los avances en la CMNUCC.
